FUENTE: La Nación. Aldea Global, p. 19A
FECHA: Miércoles 8 de agosto de 2010
DIRECCIÓN: http://www.nacion.com/2010-09-08/AldeaGlobal/Relacionados/AldeaGlobal2513964.aspx
AUTOR: Pablo Fonseca Q. | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

La jefa del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional, Marlin Calvo, hizo ayer un llamado a las personas que cuenten con piezas precolombinas que carezcan del debido registro para que las entreguen voluntariamente.

Según la legislación costarricense, todo objeto precolombino descubierto después de 1938 es propiedad del Estado.

Además, existe un Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico en que todas las piezas, incluso las halladas antes de ese año, deben aparecer.

“Si las piezas no están registradas y los dueños no pueden demostrar que poseen los objetos desde antes de 1938, entonces son propiedad del Estado”, explicó Calvo.

El que el Museo Nacional haya dado autorización a una persona o institución para realizar una excavación no excluye del deber de registro ni garantiza que haya sido registrada, añadió la funcionaria.

Además, una solicitud de registro tampoco implica que necesariamente el Museo dio el aval. Actualmente, son menos de 7.000 las piezas en manos de particulares registradas ante el Museo Nacional.

Aumento de denuncias. Calvo también comentó que, tras los allanamientos en la residencia Dada y en la de la familia Mannil (realizado en San Rafael de Heredia en julio anterior) las denuncias que reciben por supuestas infracciones a la ley de patrimonio han aumentado considerablemente.

“Lo normal es que recibamos 15 denuncia al año. A mitad de año llevábamos cinco denuncias; tras el allanamiento en la residencia Mannil llegaron ocho –la octava de las cuales es la del caso Dada– y, tras la noticia de este último allanamiento, ahora han llegado 19 denuncias más”, explicó la funcionaria.

Calvo indicó que normalmente, tras confirmar el sustento de la denuncia, la información se envía al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se amplíen las pesquisas, lo cual puede desencadenar un allanamiento.

“Solo en caso de peligro de que sea inminente el que suceda algo con las piezas, llevamos la denuncia directamente a la Fiscalía”, explicó Calvo.

Actualmente, el Ministerio de Cultura espera un informe para conocer en detalle la manera en que se tramitan estas denuncias.

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