Destruida la casona de adobe más valiosa de Costa Rica |
• Estaba en San Lorenzo de Flores, Heredia
FUENTE: La Nación. Aldea Global, p. 12 A
La casa de adobe más valiosa de Costa Rica –según el Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud – fue destruida el lunes en la mañana. El inmueble –conocido como la casona de adobe de San Lorenzo, por estar en la comunidad del mismo nombre, en Flores, Heredia– fue construido en 1844, por lo cual también era una de las estructuras más viejas del país. La casona fue declarada patrimonio según el decreto ejecutivo 35523-C, publicado en La Gaceta del 6 de octubre del 2009 y firmado por el presidente Óscar Arias Sánchez y por la entonces viceministra de Cultura, Laura Pacheco, en funciones ante la ausencia de la titular, María Elena Carballo. Ese decreto señaló que la vivienda tenía valor cultural por ser “testigo del desarrollo de la actividad cafetalera” en Costa Rica y que “reviste de especial importancia para la historiografía costarricense” por haber sido construida con adobes, ladrillos de una mezcla especial de tierra, arcilla y arena. “Era una estructura única, construida en 1844, pensada para las clases altas, amplia, con maderas de calidad, con una distribución de planta en forma de ‘o’. Ya no existe nada como esto en el país. Era la casa de adobe más valiosa”, recalcó Sandra Quirós, directora del Centro de Patrimonio. El dueño registral de la casona y su terreno es la sociedad anónima Servicios Casa Blanca, cuyos socios son Éric Thompson Piñeres y Marcela Sánchez Solera, prima hermana del presidente Arias.
Apelación. Mientras se desarrollaba el proceso de declaratoria de patrimonio , el 19 de agosto de 2009, los dueños de la propiedad presentaron un recurso por considerar que existían distintos vicios. Después de habérsele otorgado la condición patrimonial, la ministra Carballo dictó el 22 de febrero una resolución en la cual aceptó los errores y dictó la “nulidad absoluta” del procedimiento. En la misma resolución, Carballo pidió a la asesoría legal del Ministerio de Cultura y Juventud “llevar a cabo, de forma inmediata, las accesiones legales necesarias para que se deje sin efecto” el decreto de la declaratoria. Según explicó ayer a La Nación Orietta González, jefa de la asesoría legal del Ministerio, hasta el momento no se ha tomado ninguna medida para cumplir con la orden de la Ministra y el inmueble mantenía su categoría de patrimonio. Mientras, Carballo arguyó no estar segura de si su resolución eliminaba o no esa condición. Quirós, por su parte, defiende la tesis de que el inmueble era patrimonio a pesar de la resolución. “Existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que aclara que para desafectar un bien patrimonial es necesario una ley aprobada en la Asamblea. Ni siquiera otro decreto del Presidente y la Ministra hubieran desafectado esa casona”. Demolición. Tras ser notificados el viernes anterior de la resolución de la Ministra, el lunes en la mañana los dueños de la casona procedieron a la demolición por considerar que Carballo “se trajo abajo” el decreto de declaratoria, argumentó Éric Thompson. Thompson justificó la acción al señalar también el mal estado del inmueble. “La casa prácticamente estaba destruida”, afirmó. Marcela Sánchez declinó hablar del tema. A pesar de que este medio no le realizó una pregunta directa sobre el punto, se apresuró a aclarar que ni el presidente Óscar Arias ni el hermano de este, Rodrigo Arias, tienen participación en la sociedad dueña de la casona. Thompson también aceptó que no solicitó los permisos para realizar la demolición. Aunque es abogado, aseveró que “no tenía conciencia en detalle de que había que pedir un permiso”. La Ministra, en tanto, declaró: “Yo no me esperaba que pasara esto. Esperaba que se volviera a abrir el proceso de declaratoria. Lo que hice fue seguir el consejo legal. Hubo errores en el proceso y uno tiene que respetar la ley”. Acciones. Por su lado, la alcaldesa municipal de Flores, Jenny Alfaro, se mostró molesta por la demolición. Fueron los mismos vecinos, recordó, quienes habían propuesto la declaratoria en el 2008. “Ya estábamos buscando el dinero para expropiarla y convertir esta casona, única en Costa Rica, en un museo”, expresó. Alfaro añadió: “Lo que más me duele es que la destruya una señora que no necesita de esta propiedad para vivir. Esta señora (Marcela Sánchez) tiene cientos de hectáreas en Heredia. ¿Por qué no nos dio tiempo?”. Tanto la Municipalidad de Flores como el Centro de Patrimonio estudian la posibilidad de presentar denuncias penales contra los propietarios del inmueble por su demolición. Según Sandra Quirós, las condenas previstas para destrucción del patrimonio oscilan entre dos y tres años de prisión. Además, Quirós sopesa la eventualidad de que una acción civil resarcitoria, en caso de ganar la demanda, dé los recursos para reconstruir el inmueble. “Yo comprendo que la Municipalidad esté molesta. Pudimos haber violado alguna legislación por ignorancia y por urgencia, pero vamos a responder por ello”, manifestó Thompson. *
|